Asunción, Agencia IP.- El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Guillermo López Flores, destacó la convocatoria del Gobierno a representantes de la sociedad civil y del sector energético para participar de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico y consideró que la iniciativa constituye un primer paso hacia la modernización de la organización del mercado eléctrico paraguayo.
Durante una entrevista a Radio Nacional del Paraguay, López Flores señaló que, después de 62 años de vigencia de la ley que rige el sector eléctrico paraguayo, se presenta por primera vez un proyecto de reforma estructural, aunque lo calificó de “parcial” y “mínimo”.
“Es un paso adelante en la modernización de la organización de nuestro mercado eléctrico.”
El exdirector de Yacyretá explicó que durante las últimas décadas se realizaron varias modificaciones y “parches”, pero que nunca se cambió la estructura del mercado eléctrico nacional.
En ese sentido, destacó como otro aspecto novedoso la participación de la sociedad civil en la discusión de los proyectos de ley.
“Es la primera vez que el Gobierno, que siempre ha manejado absolutamente todo lo concerniente al negocio electroenergético, a la actividad, a las políticas públicas, es la primera vez que invita a la sociedad civil.”
López Flores sostuvo que la sociedad civil históricamente no tuvo participación en este ámbito y cuestionó la falta de transparencia.
El exdirector de Yacyretá valoró que, en esta oportunidad, los distintos actores hayan sido convocados para conocer y opinar sobre los proyectos de ley que se presentarán.
La energía como vector de desarrollo
Uno de los principales planteamientos expuestos por López Flores fue la necesidad de modificar el enfoque respecto el destino de la energía eléctrica paraguaya.
Según explicó, históricamente se adoptó un enfoque “rentístico”, centrado en determinar cuánto dinero se podía obtener de la energía eléctrica.
En su interpretación, el actual Gobierno estaría planteando un cambio de perspectiva al considerar la energía como una herramienta para impulsar el crecimiento económico y la industrialización.
“Con esta movida, y el Gobierno ya lo ha dicho, no sé si tan clara o expresamente, pero se entendió perfectamente, este Gobierno enfoca en que la energía eléctrica es un vector de desarrollo, un impulsor del desarrollo, del crecimiento económico, de la industrialización. No es precisamente para ganar plata.”
López Flores sostuvo que los excedentes pueden comercializarse, pero que la prioridad debería ser utilizar la energía para impulsar el crecimiento y el desarrollo.
“Si hay excedente, vender y ganar plata. Pero primero hay que destinar para generar crecimiento, y con el crecimiento sostenido viene el desarrollo.”
En ese sentido, consideró que los proyectos industriales deberían evaluarse según su impacto y su contribución económica para determinar las prioridades de abastecimiento.
Plantea fortalecer la regulación para atraer inversiones
Guillermo López Flores, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
López Flores también se refirió a la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura energética y sostuvo que el Estado enfrenta limitaciones para financiar por sí solo este tipo de obras debido a las crecientes demandas sociales.
“Hay muchísimo capital en el mundo con ganas de trabajar; entonces es necesario crear las condiciones para que esas industrias, esos proyectos se materialicen en nuestro país.”
En este contexto, consideró que la calidad regulatoria es uno de los principales elementos para atraer inversión privada al sector energético.
“El regulador del sector es un elemento importantísimo para el inversor, porque cuando el regulador es competente, creíble e íntegro, él se siente protegido en sus derechos contra el abuso; en fin, cuando hay que hacer los ajustes, se hace.”
Asimismo, destacó que el regulador debe cumplir una función de protección de los consumidores frente a eventuales abusos de los prestadores del servicio.
Para López Flores, estos elementos pueden contribuir a generar condiciones que atraigan inversión privada y a encargar al sector privado parte del crecimiento de la infraestructura energética.
Primera reunión fue de presentación y toma de contacto
Respecto a los próximos pasos de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, el exdirector de Yacyretá aclaró que durante la primera reunión aún no se ingresó en detalles técnicos ni se estableció una hoja de ruta concreta.
“No se entró en el detalle y es comprensible. Fue una reunión de toma de contacto y presentación.”
La reunión duró aproximadamente dos horas y media y permitió que representantes del sector privado expusieran sus ideas.
López Flores explicó que se anunció la publicación del anteproyecto de ley en un portal, donde los participantes podrán presentar sus opiniones y críticas, y se difundirán los avances del proceso.
“Dijeron que iban a alzar todo en un portal: el anteproyecto de ley, donde podíamos volcar nuestras opiniones críticas, y que ellos también irían alzando los trabajos de avance.”
El exdirector señaló que todavía no se conocen algunos detalles del proceso, como el equipo técnico encargado de trabajar en la propuesta, aunque consideró que ello se debía al carácter introductorio de la primera reunión.
Cuestionamiento al enfoque rentístico aplicado a la energía
Al profundizar en el cambio de enfoque planteado para el sector, López Flores sostuvo que Paraguay podría haber aprovechado de manera distinta la energía generada por Itaipú.
“Si Paraguay hubiera enfocado con un criterio desarrollista desde 1986, cuando operó Itaipú, a esta altura no estaríamos cediendo 20 millones de megavatios por hora al año a Brasil; estaríamos consumiendo el 100%. Pero siempre priorizamos la renta, ¿verdad?”
Según señaló, durante años se priorizó la obtención de recursos económicos provenientes de la energía.
López Flores concluyó planteando que el proceso iniciado con la Mesa Nacional del Sector Eléctrico representa una oportunidad para avanzar en una modernización del sector, aunque manifestó que será necesario observar cómo continúa el trabajo para determinar si la convocatoria se traduce efectivamente en una política sostenida de participación, transparencia y reforma.
